Las Organizaciones de la Sociedad Civil y su relación con el Gobierno

Las organizaciones de la sociedad civil son un sector clave de la sociedad en conjunto con las empresas y el gobierno. Caracterizadas por su diversidad de enfoques y acciones, cuentan con una relación histórica con los gobiernos federal y estatal, la cual se encuentra en constante redefinición a través de múltiples polos que van de la colaboración a la contraposición, en un legítimo ejercicio de la democracia.

El reto permanente de la conceptualización

Para quienes desarrollamos nuestra actividad profesional y/o laboral en asociaciones civiles, para la gente del común e incluso para quienes ostentan un cargo en la función pública, es frecuente que surjan dudas sobre el significado de términos como ciudadanía, sociedad civil (con o sin el apellido “organizada”), organización no gubernamental, entre otros que de pronto se agregan al vocabulario particular del sector, menos los que suelen caer en desuso, se acercan riesgosamente al ámbito del reduccionismo o la descalificación.

Si bien es cierto que fuera de los espacios de especialización sería ideal que se conocieran y comprendieran ampliamente estos términos, para la función pública no sólo es deseable por motivos culturales, sino que es su obligación: las instituciones sociales que crea la gente son agentes de interés con los que las instancias de gobierno cada vez se relacionan más y profundamente.

Así que el reto de conceptualizar con precisión y rigor lo qué es la sociedad civil que interviene en los asuntos públicos, no es banal. Cuáles son las particularidades de las diferentes los términos empleados, de sus variaciones, y si cada organización se identifica a sí misma en el espacio que el imaginario político le asigna, o no, y cómo se concibe respecto al gobierno.

Tanto a nivel académico como de las mismas organizaciones, los análisis aún no han generado un consenso satisfactorio para todas las partes; a falta de una definición unívoca y consensuada, hemos de conformarnos con definiciones operativas que sirvan al interés que nos atañe en el presente artículo.

Un breve repaso histórico

Insistiendo en que referirnos a las organizaciones de la sociedad civil resulta complicado, además tratar de pensarlas como parte de un mismo sector es controvertido, pues existe una diversa gama de expresiones, con las respectivas teorías que las sustentan.

Por ejemplo, una de las primeras denominaciones ampliamente difundidas fue la de Organización No Gubernamental (ONG), creada en la posguerra en el marco del nacimiento de la Organización de la Naciones Unidas, en 1945. El reconocimiento de este tipo de organizaciones permitió el diálogo con aquellos grupos independientes a los gobiernos (quienes son los miembros efectivos de la ONU), sin fines de lucro, de carácter voluntario y que, ya se veía, desempeñarían un rol fundamental en el desarrollo (Candid, S/F), razón por la cual contaban con un liderazgo técnico, por su representación de los intereses de grupos sociales que demandaban ser escuchadas en las asambleas de la naciente organización mundial.

Posteriormente, con el despertar de los movimientos sociales en América Latina, se cuestiona la definición “ONG”, se argumentó que era inadecuada por plantearse desde la exclusión, es decir, “desde lo que no son”[1]. De este modo, hacia finales del siglo pasado, se populariza la denominación: Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Aún ahora, después de casi 30 años, ambas expresiones, organización de la sociedad civil y organización no gubernamental, se siguen utilizando de forma casi indistinta.

La sociedad civil organizada en el marco del Estado Nación

Antes de hacer un análisis minucioso, pudiéramos asumir que gobierno, sociedad civil y mercado son espacios perfectamente delimitados; que sus relaciones con las otras esferas de la organización social se encuentran claramente definidas. El Estado debe atenerse a una lógica de ejercicio de facultades de gobierno otorgadas por la ciudadanía en su representación (poder hacer); el mercado responde a la lógica de generación de riqueza, para inversionistas y accionistas; y por su parte, las organizaciones de la sociedad civil concretan el impulso hacia la solidaridad, la filantropía o se las apañan con las demandas sociales que los dos anteriores no atienden. Aunque en realidad estos espacios se encuentran en reconfiguración continua, particularmente en las últimas décadas, como parte de una tendencia global. Las fronteras entre uno y otro “no son puras, sino por el contrario son porosas y se encuentran permanentemente atravesadas por las otras lógicas de organización […]” (Sánchez, 2018). De manera constructiva, confluyen en distintas dimensiones, por ejemplo, de co-creación y gobierno abierto o en el financiamiento conjunto de iniciativas sociales. En el sentido opuesto, asimismo pueden entrelazarse en dinámicas de corrupción, de ineficiencia y mutua obstaculización.

Sociedad civil puede entenderse como un conjunto amplio y diverso en el que coexisten diversos tipos de asociaciones, empresas, partidos políticos, asociaciones religiosas, vecinales, cooperativas, colegios de profesionistas; todas aquellas que trabajan sin fines de lucro y en beneficio de terceros, a los que incluimos, comúnmente, en lo que llamamos “tercer sector”.

Éste a su vez se compone, por una parte, de las organizaciones “de base”; es decir, las de atención directa a temas de salud, educación, cultura, derechos humanos, investigación, asistencia, desarrollo, entre otras.  Por otra, se integra asimismo de las fundaciones[2], en modalidades tales como: independientes, operativas, empresariales, comunitarias, y de servicio al sector donde se inscribe, por ejemplo, Corporativa de Fundaciones.

Esta visualización nos remite a la necesidad de especificar más, por lo que para fines de este documento entenderemos que una organización de la sociedad civil (OSC) es un conjunto de personas que se asocian libremente[3] en torno a intereses comunes en algún ámbito de la vida social y el desarrollo, que no persigue fines de lucro y realiza acciones de interés público para el beneficio colectivo. (Sánchez, 2018)

Algunos puntos de coincidencia

Si bien reconocemos la gran diversidad implicada en el concepto sociedad civil organizada, hasta llegar en ocasiones al punto de la contradicción (Peralta, 2013), no quiere decir que es imposible destacar algunas características que cohesionan a las OSC: la búsqueda permanente de la autonomía financiera y sobre todo política, su postura crítica frente a cualquier modalidad de autoritarismo, así como la capacidad de resiliencia y tenacidad para defender el acceso pleno a los derechos para todas las personas. Si alguna organización se posicionara públicamente en sentido opuesto, sin duda estaría en todo su derecho mientras persiga fines lícitos; sin embargo, no podríamos entenderla como parte de esa sociedad civil transformadora.

La Relación Estado – Sociedad Civil: contrastes y claroscuros

La autonomía de la sociedad civil y su rechazo al autoritarismo pudieran resultar incomprensibles desde la lógica partidista de la política mexicana tradicional, que en el corporativismo social tiene uno de los principales pilares de su robustez para ganar elecciones, obtener cierta legitimidad y, sobre todo, ejercer control.

Cuando hablamos de gobierno es común pensarlo como una estructura monolítica, un ente omnipresente o una colectividad de acción ordenada. No obstante, al aproximarnos al interior de las distintas dependencias con las que las OSC interactuamos, nos permite encontrar una multiplicidad de visiones e intereses; especialmente en la relación con las organizaciones de la sociedad civil. Las posiciones varían enormemente entre las diversas estructuras burocráticas y van desde una voluntad abierta, participación activa e interés en la colaboración, hasta la cerrazón al diálogo, la desacreditación, estigmatización, descalificación, intentos de manipulación, corrupción y control.

También son patentes los diferentes grados de conocimiento (o desconocimiento) sobre las OSC y su función imprescindible si de conseguir la gobernabilidad se trata, con las respectivas consecuencias en la percepción que se tiene de las mismas. Intentar equilibrar estos factores es una tarea difícil –no hay duda–, especialmente en lo político, pues la incipiente democracia mexicana aún se debate entre prácticas autoritarias y la construcción a partir y con una sociedad madura y participativa.

Por otro lado, la diversidad de intereses, capacidades, composición, profesionalismo de gestión y de recursos –por mencionar algunas características de las OSC–, así como los diferenciados grados de madurez institucional, reconocimiento y visibilidad, determinan la relación y el tipo de trato que reciben; pero igual influyen en la calidad de la interlocución que se da, la pasividad, la indiferencia, la independencia, el corporativismo, el neo-corporativismo, o si sucede una relación de pares,  una de contraloría, e inclusive de conflicto y confrontación.

Es, en fin, un nexo que de ninguna manera es estático, fluctúa entre múltiples polos extremos, condicionados por las diferentes coyunturas económicas, políticas, sociales y aún medioambientales.

Así como en el sector público existen conceptos, suposiciones, experiencias y percepciones sobre las organizaciones civiles, en éstas también concurren diferentes experiencias, conceptos, imaginarios y percepciones sobre el Gobierno, así como diversos niveles de confianza y certidumbre respecto a éste.

A lo largo de varias décadas del México posrevolucionario, muchas OSC han generado propuestas de solución ante diferentes problemáticas de la sociedad, participando activamente en la incidencia sobre políticas públicas que den una mejor respuesta, consensuada, a las necesidades e intereses de la ciudadanía. Este quehacer ha ido modelando históricamente una relación entre las organizaciones y los diferentes órdenes de Gobierno, de manera que sus aportaciones se identifican fundamentalmente en tres áreas: 1. asistencia y desarrollo sociales; 2. la promoción de prácticas democráticas; 3. la creación y mejoramiento de las políticas públicas.

En el primer ámbito podemos identificar todas aquellas actividades tendientes a la promoción de derechos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, exclusión o pobreza. Las organizaciones que se ubican en esta tradición típicamente delimitan su acción a partir de criterios geográficos y poblacionales; es decir, se trata de una vertiente más cercana a la asistencia social, en la que su trabajo se puede considerar complementario y subsidiario a las responsabilidades de bienestar (salud, educación, seguridad, vivienda y empleo digno, entre otros) que le corresponden al Estado.

El segundo ámbito es el de la promoción de mejores prácticas, que van más allá de los mecanismos que establece la democracia representativa para la elección de gobernantes, y que entro otros efectos buscan acotar la propensión al autoritarismo. El trabajo de estas organizaciones está circunscrito a la creación de mecanismos de diálogo entre representantes gubernamentales y actores que representan demandas de grupos sociales, y que no forman parte de la agenda que los gobiernos impulsan. Su valor consiste en acercar estas voces a escenarios en que tradicionalmente no han sido escuchadas.

El tercero es la participación técnica en el diseño, formulación, y evaluación de la política pública, mediante la realización de estudios de carácter técnico, consultas ciudadanas, diagnósticos participativos, entre otros métodos de recolección de información; la sensibilización y difusión amplia al público en general, contribuyendo a la ejecución de diversos programas, así como a la evaluación de los resultados logrados por las políticas y su implementación.

Extracto del libro “La Refundación de Jalisco”

Luis F. Aguilar Villanueva, Editor
D.R.  © Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas/Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno

[1] Existe el mismo cuestionamiento al término Organización No Lucrativa (ONL) y semejantes, de menor frecuencia de uso en México, que asimismo define a estas organizaciones a partir de su ausencia de ánimo de lucro y no a partir de sus características identitarias.

[2] En el habla común “fundación” se utiliza en ocasiones como equivalente indistinto de OSC. Sin embargo, éstas se diferencian en la forma de financiamiento, ya que las fundaciones cuentan con un patrimonio propio, comúnmente originado a partir de aportaciones o legados.

[3] Con independencia de se trata de un colectivo o movimiento sin personalidad jurídica, o bien formalizada mediante la conformación de una persona moral.